Ni la Fiscalía respalda a la Abogacía del Estado y apoya paralizar el rescate de Plus Ultra

La Abogacía del Estado se ha quedado sola en la defensa del rescate de la aerolínea de capital venezolano Plus Ultra. Ni siquiera le apoya la Fiscalía, que se ha puesto claramente del lado de la jueza Esperanza Collazos y respalda tanto la paralización de la entrega de los 34 millones de la SEPI como en la necesidad de un informe pericial para determinar el carácter estratégico de esta pequeña compañía.

En un escrito, la fiscal María Luisa Llop enmienda la plana al abogado del Estado, que se opone a que el juez solicite una prueba pericial sobre dicho carácter estratégico, y de forma muy contundente: «Debe tenerse en cuenta que en nuestro sistema procesal penal la instrucción corresponde al Juez de Instrucción y éste ha considerado necesaria la práctica de esta diligencia con el fin de averiguar los hechos objeto del procedimiento».

«No estimamos que haya nada que objetar (…) independientemente de que, como dice la Abogacía del Estado en su recurso, ya consten en el expediente remitido por SEPI informes de entidades independientes relativos a los hechos», añade refiriéndose a los informes de Deloitte y Daiwa que dieron su visto bueno al rescate y que la jueza ha desechado para pedir un peritaje independiente.

Justificar el destino del rescate

También respalda a la jueza, en contra de las tesis del Abogado del Estado, en la necesidad de que Plus Ultra justifique la necesidad de percibir los 34 millones que ha bloqueado.

«Estando la cuestión sub iudice, y teniendo en cuenta que no solo se investigan presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos, como prevaricación o malversación de caudales públicos, sino un presunto delito de fraude de subvenciones del art. 308 Cp., procede requerir a la compañía PLUS ULTRA a efectos de que, en el término más breve posible, acredite la necesidad de entrega del préstamo participativo de 34 millones de euros concedido en la ayuda objeto de investigación para su viabilidad como empresa. A tal efecto se interesa que acredite la necesidad de tal importe para pago a acreedores, proveedores, etc.», señala Llop.

Esa es una de las cuestiones más relevantes que quiere investigar la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid: a qué va a destinar Plus Ultra el dinero del rescate. La compañía ha dicho que va a explicarlo perfectamente, pero si responde que ha utilizado parte de los primeros 19 millones para devolver el famoso préstamo participativo de 6,3 millones que le hizo la panameña Panacorp para evitar el concurso (y así poder optar al rescate de la SEPI), es probable que la jueza no considere que sea el destino apropiado de los fondos.